Escolar.net: Cárcel contra las protestas ciudadanas

El Gobierno de Rajoy quiere blindar las calles, endurecer las leyes, encarcelar a los revoltosos y criminalizar a los que protesten. Nadie defiende –al menos yo no lo hago– las algaradas violentas. No debería ser necesario endurecer la legislación para castigar a esos pocos que las protagonizan, sean forofos del fútbol o antisistemas. Son delitos que ya están penados. Pero los planes del Gobierno utilizan los anecdóticos actos vandálicos como coartada para poner sordina al legítimo cabreo de la ciudadanía. Convertir protestas pacíficas en atentados contra la autoridad castigados con cárcel es una vulneración de los derechos civiles, un grave abuso que debería hacer saltar las alarmas entre aquellos que dicen defender la Carta Magna.
De entre todos los porrazos al Código Penal que ayer anunció el Ejecutivo destacan dos disparates. El primero, que la resistencia pasiva sea considerada como un atentado a la autoridad castigado con la cárcel. Reducido al oxímoron, atentado pasivo: dícese del ejercicio pacífico del derecho constitucional a la reunión y a la manifestación sin esperar a la bendición del delegado del Gobierno –algo a lo que la legislación no obliga–.

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