Tras el episodio del fallido intento de aprobación in extremis de la ley Sinde, el gremio de estranguladores de la cultura incrementa su presión, recurriendo con incansable reiteración a los mismos argumentos falsos de siempre. La demencial portada de La Razón, el medio propiedad de un editor que ha pedido abiertamente que se persiga a sus clientes, no es más que una evidencia más de hasta qué punto se pueden perder los papeles.
Tras considerar amortizado al gobierno saliente (ojo, en cualquier caso, al último consejo de ministros), los ataques se centran ahora en el gobierno entrante, que se está viendo literalmente asaltado desde dentro y fuera de España por presiones de todo tipo destinadas a obtener una legislación que permita a los que se dedican a explotar a los autores mantener sus negocios.
Son los de siempre: editores, discográficas, lobbies de todo pelaje… los que antes de internet manejaban los canales de distribución, retenían el 90% del precio del producto, se atribuían de manera completamente injusta el valor generado por los verdaderos creadores, influenciaban a los políticos para poner las leyes a su antojo… los mismos que consiguieron que les entregasen el dinero de los ciudadanos en forma de un canon a todas luces ilegal, y los que se dedicaron además a llevárselo crudo en escándalos de corrupción que ya conocemos, sin contar los que nos quedan por conocer. Los que negaron el informe de la Comisión Nacional de la Competencia que alertaba contra lo malo que era que ejerciesen un monopolio, y llegaron a pedir la recusación de su presidente. Los que insultan a los ciudadanos, los que difaman a nuestro país, los que difunden estudios manipulados y falsos para perjudicar la imagen de España, los que amenazan con una lista 301 que no es más que lo que se inventa su patronal. Esos, los de la SGAE y los que sabían perfectamente lo que allí se cocinaba, son los que ahora pretenden influenciar al gobierno. ¡Menudas compañías!
Las cosas, mira tú por donde, están cambiando. A lo que realmente debería hacer caso el gobierno entrante no es a los que, tras años de campar a sus anchas, nos dejaron el panorama de la SGAE. Debería, en realidad, echar un ojo al recientísimo informe del World Economic Forum: en él, se deja perfectamente claro que España NO TIENE un problema de propiedad intelectual, pormuchos estudios manipulados que presenten. La posición de nuestro país en el ranking de protección a la propiedad intelectual es la cuarenta y dos, un 4.3 sobre 7, un aprobado más que holgado, en el tercio superior de la clasificación de los ciento trenta y nueve países objeto del estudio. Ya está bien de tremendismo, de cinismo, de pintar a los españoles como delincuentes con pata de palo y loro en el hombro, y afrontemos la realidad: los últimos años, España se ha visto notablemente perjudicada en su imagen internacional debido a la constante difusión de falsedades destinadas a incrementar la presión sobre el gobierno, con el fin de obtener del mismo una legislación más favorable a la industria de explotación del copyright. Es España no se descarga significativamente más que en otros países. No hay un problema de propiedad intelectual, lo que hay es una caterva de sinvergüenzas sin escrúpulos dispuestos a que lo parezca. Una industria que lleva, no lo olvidemos, más de cien años MINTIENDO.
Pero vamos más allá: no solo es que en España no se descargue más, es que, además, LAS DESCARGAS NO SON UN PROBLEMA. No lo digo yo, lo dice un país tan poco sospechoso de manipulación y tan respetuoso de la propiedad ajena como Suiza. En el país helvético, tras llevar a cabo un riguroso estudio acerca del impacto de las descargas, se ha tomado la determinación de mantener la legislación vigente que considera perfectamente legales las descargas para uso personal, porque su impacto no perjudica a la industria.
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